el Mirador
Publicación
periodística
en formato PDF
Por María
Laura González
laligonzalez768@hotmail.com
marialaugonzalez@uade.edu.ar
La
villa 31, ubicada en el barrio porteño de Retiro, resonó en
los últimos tiempos en los medios por diferentes causas: intención
de desalojo del gobierno de la ciudad, cortes de sus vecinos que se oponen
a esto, y por los proyectos de urbanización en puerta. Pero, ¿de
quiénes son estos terrenos?, ¿quienes deben hacerse cargo de
la vida de las 70.000 personas que habitan la villa?
La villa crece, en altura y en extensión, las casillas y edificios
que la componen ya se construyen debajo de la autopista Illia. Incluso, alguna
edificaciones precarias en construcción, ya superan los cuatro pisos.
Una nota publicada en el diario Perfil revela que el gobierno estaría
dispuesto a dar un presupuesto a los habitantes de la villa para que abandonen
esos terrenos, que pertenecen al gobierno nacional, específicamente
al Organismo Nacional de Administración de Bienes (ONABE). Fernando
Suárez, director de esta entidad, dijo a La nación que “la
Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro (DGFOC)
no puede hacer controles edilicios en este lugar porque pertenece a la Nación”.
“No sé por qué el gobierno toma decisiones sin consultarnos.
Espero que nos vengan a dar explicaciones. Nosotros queremos que nos urbanicen,
no que nos muden”, explicaba a ese diario una vecina del barrio de emergencia.
Otro vecino manifestó que “ni loco me voy de acá, estoy
muy bien. Tengo un buen trabajo y puedo criar a mi familia. Aparte, para qué
me voy a ir si acá no tengo que pagar luz, ni gas, ni los impuestos”.
En la 31 y la
31 bis tampoco perdieron oportunidad para hacer negocios. Gracias a la falta
de terrenos, las propiedades crecieron en alto y benefició a los que
alquilan las piezas como si fueran un hotel 5 estrellas, ese es el caso del
Sheraton -ubicado en una esquina con vista privilegiada a Retiro-que cuenta
con dormitorio en suite, cama matrimonial con vestidor, piso de madera símil
parqué, griferías de calidad, baño con ventana a la calle
y un quincho con parrilla. En el programa “La Liga”, de Telefé
se mostró que se puede llegar a pagar de 10 mil pesos a 20 mil dólares
por un cuartito de 3m2.
En cuanto a la construcción desmedida, Uno de los más beneficiados
es el Centro de Materiales para la Construcción (Cemaco), el corralón
que provee de ladrillos y demás materiales. En relación a esto,
el carpintero Damián Moreira comentaba a diario Perfil en una nota,
que “hace dos años con suerte me tocaba hacer trabajos en una
pieza por semana, pero a partir del año pasado tengo un promedio de
tres y en las peores, me tocan dos”. Los vecinos de la villa afirmaban
en la misma publicación que “no hay límite de crecimiento
ni regulaciones”. Sin embargo, en “La Liga se podía ver cómo
la policía prohibía la entrada de materiales a pesar de ser
para refacciones, como afirmaban los vecinos.
Este boom de casas y edificios de varios pisos, que se puede ver desde la
autopista, merece ser regulado; esto planea un grupo de arquitectos de la
Universidad de Buenos Aires (UBA) y manifiestan que “es de destacar que
el anteproyecto resultante mereció ser declarado de interés
por unanimidad de los miembros de la Legislatura de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires mediante resolución 279/05; y sirve de base para el
proyecto de ley “Plan de urbanización de las villas 31 y 31 bis”
expediente 2913/08 impulsado por la Comisión de Vivienda de dicha Legislatura”
También comentan que “Constituye así mismo el documento
principal sobre el cual trabaja la Mesa por la Urbanización del Barrio,
constituida por delegados y vecinos del barrio, con el apoyo y asesoramiento
del Instituto de la Espacialidad Humana IEHu - FADU - UBA, Asociación
Civil por la Igualdad y la Justicia ACIJ, Center on Housing Rights andEvictions
COHRE, y Madres de Plaza de Mayo línea fundadora”. De esta manera,
parece que hay una solución en puerta para los habitantes de ese lugar
que, en los comienzos de la gestión de Micra quiso desalojar la zona,
pero después dio un paso atrás y negoció con el ONABE
y con los arquitectos. El proyecto busca conciliar los conflictos entre el
gobierno, la nación y los habitantes de la villa que buscan que los
escuchen y les brinden una vivienda digna. Pero la pregunta es, ¿quiénes
velan por sus derechos?. La respuesta quizás la tengan las autoridades
que deben responder por ellos.
MAYO 2009-05-22
